Por Horacio Torres
Frente a un diagnóstico desesperanzador por la pérdida de biodiversidad, la extinción de las especies animales, la crisis del cambio climático y la contaminación ambiental, es imposible pensar que la solución del problema llegará solamente de la mano de la concientización y las acciones comunitarias como plantar un árbol; si los gobiernos mundiales no adoptan las urgentes medidas para revertir a tiempo la complejidad de esta situación.
En este contexto la ciudadanía argentina ha demostrado con hechos concretos estar a la altura de las circunstancias, actuando con un fuerte compromiso social tanto para apagar incendios forestales en Corrientes, como frenando actividades contaminantes como la salmonicultura y la megaminería mediante acciones como la protesta social.
En América Latina las señales son inequívocas: el retroceso de los glaciares en la Cordillera de los Andes, el aumento de las temperaturas en el Chaco Seco y la Amazonía, producto de la prolongada sequía y la deforestación, las tormentas extremas con grandes lluvias que barren todo a su paso, intensifican la crisis climática en toda la región.
Investigadores advierten que el deshielo en la Cordillera de los Andes se ha intensificado con porcentajes que superan el 40% de pérdidas de glaciares en Perú, Bolivia y Ecuador. La desaparición de estas fuentes de agua, podría forzar la desaparición de poblaciones enteras que se abastecen del vital elemento, en un futuro no muy lejano.
Los incendios forestales también están agravando la situación en toda la región: la Amazonía está entrando en un punto de no retorno. Hay un 20% de la selva tropical que ha sido severamente afectada por la deforestación, por el cambio de uso de suelo, por una alta degradación y la recurrencia de incendios forestales.
En el mundo mueren alrededor de 7 millones de personas de forma prematura cada año debido a la contaminación ambiental, mientras que 11 millones de toneladas de plástico llegan al mar creando islas de basura, cada 365 días. Según la Organización Mundial de la Salud 2600 millones de personas están expuestas a niveles peligrosos de contaminación del aire en el hogar, por el uso de fogatas o cocinas que utilizan combustibles como el querosén, leña y carbón.
En el Gran Chaco argentino la contaminación por agroquímicos es uno de los factores más graves, tanto como los derrames de petróleo que afectan los bosques amazónicos, mientras que insumos como el mercurio usados por la minería ilegal, contaminan todo a su paso afectando poblaciones y la flora y fauna.
A esto hay que sumarle la pérdida de la biodiversidad, que “no se está enfrentando en forma efectiva”, destaca Matías Mastrángelo, investigador del CONICET: “Nuestra región es una gran proveedora de materias primas para el resto del mundo en cuanto a producción de granos, de carne, de madera y las economías de los países de Latinoamérica dependen mucho de esas industrias extractivas. Estas actividades económicas tienen un impacto muy fuerte sobre la naturaleza. Vienen causando pérdida de biodiversidad hace varias décadas en el Gran Chaco Sudamericano, pero también en la Amazonía y el Cerrado”, afirma.
A eso hay que agregarle la reciente autorización para comercializar el primer trigo transgénico del mundo en Argentina, que reaviva el rechazo de sectores científicos, que alegan que representa una amenaza para la biodiversidad y conlleva al aumento del uso de agroquímicos. Los exportadores, por su parte, critican el riesgo comercial que representa la cuestionada decisión gubernamental.
EXTINCIÓN O REBELIÓN, ESA ES LA CUESTIÓN
Promover acciones comunitarias como el reciclado, la economía circular, la limpieza de entornos naturales y la plantación árboles, son muy convenientes y necesarias, para educar y generar conciencia, pero no son suficientes para afrontar la urgencia y cambiar el rumbo de la emergencia climática, si los gobiernos no interpretan la realidad y adoptan las políticas correspondientes.
La realidad expone que la crisis climática se produce en muchos países en un contexto donde el desarrollo de algunas industrias contaminantes sucede con permisivos gobiernos más interesados en las ganancias y los retornos, que la transparencia en los contratos, la realización de estudios de impacto ambiental, los controles y fiscalizaciones que garanticen la salubridad de la actividad.
En este sentido, la ciudadanía argentina tal vez no dimensionó aún la profundidad de los cambios y transformaciones que generó a partir de acciones como el activismo en redes sociales, la acción directa, la movilización popular y la protesta social en salvaguarda del ambiente y la naturaleza frente a contingencias como los incendios en Corrientes y contra el desarrollo de actividades degradantes del ambiente, como la megaminería por ejemplo.
En vísperas de la navidad de 2019 el Poder Legislativo y Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, con el apoyo del Poder Ejecutivo Nacional, aprobaron por unanimidad la ley N° 9209. Esta nueva normativa modificaba la Ley Provincial Nº 7722 de protección ambiental del recurso hídrico, que habilitaba la explotación minera con utilización de cianuro y ácido sulfúrico, en un territorio que tiene severa escasez de agua.
La respuesta social que se tradujo en una movilización de más de 100 mil personas, por más de 100 kilómetros a lo largo de la geografía provincial, donde no faltó la represión policial, obligó a la legislatura de Mendoza a derogar la Ley Nº 9209, dejando sin efecto la pretendida explotación minera.
Pero el fenómeno de la protesta ambiental no se detuvo con lo acontecido en Mendoza. Argentina también marcó otro hito significativo: en junio de 2021 la Legislatura de Tierra del Fuego sancionó una ley que prohíbe la cría de salmones en la provincia, una decisión que según sus impulsores resulta histórica porque se trata del primer país del mundo en legislar contra esta actividad nociva que arrasa con el ambiente marino y afecta a sus comunidades costeras.
Seis meses después, en vísperas de la navidad de ese mismo año, la protesta social en Chubut derivó en estallido social, después que la legislatura de esa provincia aprobara una ley de zonificación minera que habilitaba la megaminería a cielo abierto. Una vez más la represión policial desató la furia, que se tradujo en manifestaciones violentas que dejaron como saldo 16 edificios públicos dañados, incluida la Casa de Gobierno en Rawson.
El Gobernador Arcioni quedó entrampado así en sus propias contradicciones, al oponerse a la explotación minera contaminante cuando era candidato en tiempo de campaña, y convertirse luego en el principal impulsor de la actividad, que terminó por promulgar la normativa, tan pronto fue aprobada por la legislatura.
Pero una vez más, la rebelión -esta vez del pueblo chubutense- obligó a dar marcha atrás al gobierno y a la legislatura, que debió derogar la ley de zonificación minera que había sancionado una semana antes, dejando de momento a la megaminería como un intento fallido en esa provincia patagónica.
CORRIENTES REPÚBLICA APARTE
Lo de la Provincia de Corrientes fue un caso inédito. Ya no se trataba de enarbolar una pancarta y sostener una idea en una protesta. En este caso fue la sociedad civil lanzada a la acción directa, que en su conjunto se activó de distintas formas para ayudar a mitigar los recientes incendios forestales y de pastizales, que arrasaron con el 12 % de la geografía provincial.
Si bien hubo importantes pérdidas –sobre todo en biodiversidad-, también en algún punto hubo ganancias. Porque las donaciones del ciudadano común, a través de colectas organizadas por el influencer Santi Maratea, hicieron posible que más de una docena de cuarteles de bomberos voluntarios cuenten a partir de ahora con nuevos vehículos para afrontar los siniestros futuros.
Párrafo aparte merece el épico y heroico trabajo mancomunado de los Bomberos Voluntarios de Corrientes, del norte grande y de todo el país durante esos días terribles, en el que se aunaron los esfuerzos colectivos en el operativo más grande de la historia e importante del país, por el tiempo que demandó la emergencia y la cantidad de brigadistas y recursos humanos involucrados.
Pero no fueron solo colectas. A la hora de poner el hombro no faltó el coraje del correntino mbareté, dispuesto a jugarse todo para salir adelante frente a la adversidad: organismos como Defensa Civil, Policía, Ejército, Bomberos, Prefectura, Gendarmería, Guardaparques, vecinos, pobladores, organizaciones no gubernamentales, ecologistas, médicos, enfermeros, veterinarios, biólogos e incluso el ‘loco de la camioneta’.
Lo apodaron así cariñosamente porque fue muy loco lo que hizo el entrerriano Martín Fernández al abandonar su zona de confort en Concordia, para emprender por su cuenta la loca aventura de montar un tanque de agua y un bombeador a su camioneta 4 X 4 para venir a apagar los incendios en Corrientes. De eso está hecha la grandeza de la República Argentina: de la nobleza de esfuerzos individuales y colectivos de miles de argentinos. Solo que muchas personas todavía no se dieron cuenta.
Estas recientes experiencias de protesta ambiental y acción directa evidencian lo distantes y faltos de reflejos que están algunos gobiernos ante las demandas de la gente “a gozar del derecho a tener un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
Por eso habrá que seguir batallando para que las autoridades “provean a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambiental” (artículo 41 de la Constitución Argentina).